Según publicaciones del Instituto Nacional de Estadística el crecimiento intertrimestral de la economía española se sitúa tres décimas por debajo que durante el trimestre anterior, en el -0,2, esto informa que pese a tener ahora mismo un PIB superior a otros países de la Unión Europea, cuyo PIB ha bajado en casi un 1%, está atravesando también una etapa recesiva.
Esto es algo que afecta actualmente a 145.700 trabajadores, ya que las tasas de empleo se reducen a un ritmo del 0,8%. Por lo que el gasto en consumo de los hogares también ha disminuido un 1%, llegando al 0,1% dada la disminución de la renta en las familias. En consecuencia, el volumen tanto de importaciones como de exportaciones también ha decrecido, y el gasto en turismo por parte de residentes como de no residentes registra cifras negativas alcanzando un -3,9%.
Aunque pese a esta recesión del gasto de los consumidores podemos apreciar un crecimiento en el gasto en consumo final de la Administraciones Públicas que alcanza el 5,9% debido tanto en consumos intermedios como en la remuneración de todos los agentes que en esas administraciones trabajan. Este aumento en el gasto del Estado creará una deuda pública que implicará bien su devolución una vez recuperada la economía, bien una reestructuración de los presupuestos generales del Estado que impliquen si no menos en gastos sociales, sí en otros proyectos.
El aumento de la deuda pública en este período podría ser beneficioso si los fondos se destinasen a la generación de empleo, reactivando así el ciclo económico. Si esto no ocurriese, en el momento en que la deuda deba ser devuelta, deberán incrementar los impuestos de los contribuyentes para devolverla en caso de que el Estado no haya conseguido una buena situación financiera para liquidarla y conllevaría que España no creciese en ese periodo ya que los fondos que contaría para invertir en otras actividades de investigación o inversión más rentables tendrían que emplearse en la devolución de la deuda.
Irene Díez- Ochoa
jueves 5 de febrero de 2009
CUANDO ESPAÑA GANÓ LA TRIPLE A
Fue hace siete años cuando Moody´s otorgó a la deuda de España la máxima calificación crediticia. En el año 2.004 fue cuando otra de estas compañías encargadas de calificar la deuda de los distintos países y empresas, otorgó también este título.
La situación internacional en la que se encontraban los demás países cuando España recibió esta calificación no resultaba muy favorable.
Estados Unidos en el año 2.001 entró en recesión, consecuencia del estallido de la burbuja tecnológica y de la aparición de escándalos de gobierno corporativo como el caso Enron, en el que las auditorías estadounidenses falsificaron datos contables haciendo ver que las empresas gozaban de plena solvencia cuando en realidad estaban en situación crítica. Y la Unión Europea tuvo un crecimiento cero en el año 2.002.
España en cambio disfrutaba de un crecimiento del 2,5%, lo que permitió acelerar el cierre de la brecha de renta per cápita con respecto a la Unión Europea, pero sobre todo, romper con la prociclicalidad de la economía española, que implicaba que en períodos de crecimiento España crecía más que la media europea y en etapas recesivas caía más que los demás socios comunitarios.
Hubo determinados factores que contribuyeron a la obtención de la Triple A en España:
.- El crecimiento económico experimentado en los años anteriores, aumento en la creación de empleo y en consecuencia de la población activa y disminución de la tasa de paro.
.- La mejora de los ratios fiscales y presupuestarios, con la casi total eliminación del déficit público y la caída del ratio de deuda pública.
.- El crecimiento que experimentó también España sin incurrir en desequilibrios inflacionistas o de déficit exterior, consecuencia de las reformas realizadas para su incorporación al euro y la necesidad de cumplir las condiciones establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que gobierna la Unión Económica y Monetaria, como el control del mercado laboral, reformas estructurales, control del déficit público, control de la inflación.
Lo que la concesión de la Triple A implicaba que España carecía de riesgo de tipo de cambio, el riesgo crediticio diferencial desapareció. Por esto los agentes económicos españoles: empresas, familias, entidades bancarias y el Estado, consiguieron una financiación sin límites y a bajo coste. Esto facilitó el crecimiento español, además de la internacionalización de muchas empresas nacionales gracias a que obtenían fácilmente créditos que les permitía crecer y expandirse.
Ahora que España ha perdido este título, el prestigio ha decaído, sumado esto al deterioro de los parámetros presupuestarios, las posibilidades de recuperación de las tasas de crecimiento de estos últimos años son escasas.
El alto nivel de endeudamiento de las empresas y familias españolas, la dependencia de la economía del sector inmobiliario y la pérdida de competitividad van a perjudicar de forma notable al mercado de trabajo. De ahora en adelante los préstamos que se concedan tanto a las empresas como a las familias tendrán unos intereses más elevados y necesitarán mayores garantías fruto del riesgo de devolución de la deuda.
Irene Díez- Ochoa
La situación internacional en la que se encontraban los demás países cuando España recibió esta calificación no resultaba muy favorable.
Estados Unidos en el año 2.001 entró en recesión, consecuencia del estallido de la burbuja tecnológica y de la aparición de escándalos de gobierno corporativo como el caso Enron, en el que las auditorías estadounidenses falsificaron datos contables haciendo ver que las empresas gozaban de plena solvencia cuando en realidad estaban en situación crítica. Y la Unión Europea tuvo un crecimiento cero en el año 2.002.
España en cambio disfrutaba de un crecimiento del 2,5%, lo que permitió acelerar el cierre de la brecha de renta per cápita con respecto a la Unión Europea, pero sobre todo, romper con la prociclicalidad de la economía española, que implicaba que en períodos de crecimiento España crecía más que la media europea y en etapas recesivas caía más que los demás socios comunitarios.
Hubo determinados factores que contribuyeron a la obtención de la Triple A en España:
.- El crecimiento económico experimentado en los años anteriores, aumento en la creación de empleo y en consecuencia de la población activa y disminución de la tasa de paro.
.- La mejora de los ratios fiscales y presupuestarios, con la casi total eliminación del déficit público y la caída del ratio de deuda pública.
.- El crecimiento que experimentó también España sin incurrir en desequilibrios inflacionistas o de déficit exterior, consecuencia de las reformas realizadas para su incorporación al euro y la necesidad de cumplir las condiciones establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que gobierna la Unión Económica y Monetaria, como el control del mercado laboral, reformas estructurales, control del déficit público, control de la inflación.
Lo que la concesión de la Triple A implicaba que España carecía de riesgo de tipo de cambio, el riesgo crediticio diferencial desapareció. Por esto los agentes económicos españoles: empresas, familias, entidades bancarias y el Estado, consiguieron una financiación sin límites y a bajo coste. Esto facilitó el crecimiento español, además de la internacionalización de muchas empresas nacionales gracias a que obtenían fácilmente créditos que les permitía crecer y expandirse.
Ahora que España ha perdido este título, el prestigio ha decaído, sumado esto al deterioro de los parámetros presupuestarios, las posibilidades de recuperación de las tasas de crecimiento de estos últimos años son escasas.
El alto nivel de endeudamiento de las empresas y familias españolas, la dependencia de la economía del sector inmobiliario y la pérdida de competitividad van a perjudicar de forma notable al mercado de trabajo. De ahora en adelante los préstamos que se concedan tanto a las empresas como a las familias tendrán unos intereses más elevados y necesitarán mayores garantías fruto del riesgo de devolución de la deuda.
Irene Díez- Ochoa
EUROPA DICE ADIÓS A LA AUSTERIDAD
El acuerdo firmado en Berlín, el Ecofín, que permitía endeudarse a los países de la UE en máximo del 3% con el fin de alcanzar en el 2010 el déficit público cero, ha sido abolido ante la depresión económica que nos acecha. Este pacto tenía cierta flexibilidad en caso de que alguno de los países se encontrase en la parte baja de su ciclo económico, podría ser abolido.
Por lo que ante esta situación que ha supuesto un gran aumento del paro, por tanto la reducción del consumo, bien por el miedo a un futuro desempleo, bien por la no disponibilidad de renta, y siguiendo esta cadena, que llevaría a un descenso de los ingresos de las empresas y más recortes de plantilla etc. Los Gobiernos de la UE han decidido inyectar dinero incrementando el gasto público y destinando este a la construcción de nuevas infraestructuras y otras fuentes de generación de empleo.
Este plan de relanzamiento económico que está ultimando la Comisión Europea, según informa Alemania supondrá la inyección de 130.000 millones de Euros, el equivalente al 1% del PIB de la UE.
Alemania tiene gran interés en la aplicación de esta medida, ya que con la intención de destinar estos fondos hacia la construcción de infraestructuras, aumentaría esta sus exportaciones hacia los demás países de la Unión Europea. También parte de sus fondos serían destinados al sector del automóvil y el inmobiliario, en su mayoría en forma de créditos blandos del Banco Europeo de Inversión (BEI).
Aunque este ambicioso plan económico basado en medidas coordinadas de los países europeos, se adaptará a cada país según sus necesidades y circunstancias, pero mirando especialmente que no se hagan la competencia entre sí.
Irene Díez- Ochoa
Por lo que ante esta situación que ha supuesto un gran aumento del paro, por tanto la reducción del consumo, bien por el miedo a un futuro desempleo, bien por la no disponibilidad de renta, y siguiendo esta cadena, que llevaría a un descenso de los ingresos de las empresas y más recortes de plantilla etc. Los Gobiernos de la UE han decidido inyectar dinero incrementando el gasto público y destinando este a la construcción de nuevas infraestructuras y otras fuentes de generación de empleo.
Este plan de relanzamiento económico que está ultimando la Comisión Europea, según informa Alemania supondrá la inyección de 130.000 millones de Euros, el equivalente al 1% del PIB de la UE.
Alemania tiene gran interés en la aplicación de esta medida, ya que con la intención de destinar estos fondos hacia la construcción de infraestructuras, aumentaría esta sus exportaciones hacia los demás países de la Unión Europea. También parte de sus fondos serían destinados al sector del automóvil y el inmobiliario, en su mayoría en forma de créditos blandos del Banco Europeo de Inversión (BEI).
Aunque este ambicioso plan económico basado en medidas coordinadas de los países europeos, se adaptará a cada país según sus necesidades y circunstancias, pero mirando especialmente que no se hagan la competencia entre sí.
Irene Díez- Ochoa
LOS “VIGILANTES” DE LA DEUDA
Actualmente son más de 100 los países y de 180.000 compañías las calificadas en función de su calidad crediticia por tres grandes empresas: Standard&Poor´s, propiedad de McGrawHill; Fitch y Moody´s. (Existen también otras empresas dedicadas a calificar la calidad de crédito de las distintas entidades, pero con menor credibilidad).
Moody´s, Fitch y S&P, emiten periódicamente calificaciones a la deuda de más de 100 países y 180.000 compañías sobre las finanzas, estructura o deuda corporativa. Están encargadas de poner nota a todo lo que sea susceptible de ser negociado en los mercados financieros mundiales. Salvo determinados activos como serían los bonos, préstamos titulizados y el capital riesgo que quedan fuera de estas calificaciones.
Estas compañías se crearon a comienzos del siglo XX con el objetivo de unificar criterios entre instituciones y compañías de las diferentes regiones que contaban con sistemas contables de difícil acceso para los inversores. Así gracias a estos informes, el futuro inversor contará con una amplia información sobre cada negocio y tendrá mayor racionalidad a la hora de decidir su actuación.
Actualmente, antes de emprender una inversión que pretenda realizarse, se consulta antes la nota de riesgo para saber si esta será rentable o no, tanto en lo referente al pago de los intereses como a la devolución del capital prestado. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el interés que haya de pagar el Estado o compañía (prestatario) al que invierte en su deuda (prestamista).
Para establecer estas calificaciones estas empresas utilizan una escala estandarizada creada en 1.923 que va desde la Triple A (máxima calidad crediticia) hasta la D (posible mora en el cumplimiento de sus obligaciones con los inversores). Además se mide la deuda a largo, corto plazo y las expectativas de futuro.
Antiguamente los informes de riesgo que proporcionaban estas empresas eran de dominio privado, pero actualmente, debido a las diferencias que esto producía en el mercado por la información privilegiada de algunos inversores, han pasado a ser de carácter público.
Desde 2004 y hasta fechas recientes (principios de enero de 2009) España poseía la nota de Triple A, que ha bajado hasta la AA+ con perspectivas de que esta calificación se mantenga. Esto supone un riesgo en el impago de sus obligaciones de 5 entre 10.000. Lo que supondría que, en caso de necesitar financiación del exterior, sería más difícil obtenerla, por lo que habrá de pagar unos intereses mayores, debido a la posibilidad, aunque no excesivamente elevada, de no poder devolverla.
En caso de obtener los préstamos, en el momento de su vencimiento la mayor parte de los fondos tendrán que emplearse en pagar la deuda en vez de aplicar los recursos financieros en nuevas inversiones que supongan crecimiento económico.
Irene Díez- Ochoa
Moody´s, Fitch y S&P, emiten periódicamente calificaciones a la deuda de más de 100 países y 180.000 compañías sobre las finanzas, estructura o deuda corporativa. Están encargadas de poner nota a todo lo que sea susceptible de ser negociado en los mercados financieros mundiales. Salvo determinados activos como serían los bonos, préstamos titulizados y el capital riesgo que quedan fuera de estas calificaciones.
Estas compañías se crearon a comienzos del siglo XX con el objetivo de unificar criterios entre instituciones y compañías de las diferentes regiones que contaban con sistemas contables de difícil acceso para los inversores. Así gracias a estos informes, el futuro inversor contará con una amplia información sobre cada negocio y tendrá mayor racionalidad a la hora de decidir su actuación.
Actualmente, antes de emprender una inversión que pretenda realizarse, se consulta antes la nota de riesgo para saber si esta será rentable o no, tanto en lo referente al pago de los intereses como a la devolución del capital prestado. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el interés que haya de pagar el Estado o compañía (prestatario) al que invierte en su deuda (prestamista).
Para establecer estas calificaciones estas empresas utilizan una escala estandarizada creada en 1.923 que va desde la Triple A (máxima calidad crediticia) hasta la D (posible mora en el cumplimiento de sus obligaciones con los inversores). Además se mide la deuda a largo, corto plazo y las expectativas de futuro.
Antiguamente los informes de riesgo que proporcionaban estas empresas eran de dominio privado, pero actualmente, debido a las diferencias que esto producía en el mercado por la información privilegiada de algunos inversores, han pasado a ser de carácter público.
Desde 2004 y hasta fechas recientes (principios de enero de 2009) España poseía la nota de Triple A, que ha bajado hasta la AA+ con perspectivas de que esta calificación se mantenga. Esto supone un riesgo en el impago de sus obligaciones de 5 entre 10.000. Lo que supondría que, en caso de necesitar financiación del exterior, sería más difícil obtenerla, por lo que habrá de pagar unos intereses mayores, debido a la posibilidad, aunque no excesivamente elevada, de no poder devolverla.
En caso de obtener los préstamos, en el momento de su vencimiento la mayor parte de los fondos tendrán que emplearse en pagar la deuda en vez de aplicar los recursos financieros en nuevas inversiones que supongan crecimiento económico.
Irene Díez- Ochoa
martes 3 de febrero de 2009
Los autónomos cobrarán el paro a partir de 2011.
NOTICIA :
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, adelantó hoy que la nueva ley para garantizar la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos podría entrar en vigor en 2010, de forma que el colectivo podría acceder a la prestación en el 2011. En una rueda de prensa tras recibir el informe elaborado por el grupo de expertos creado para este fin, Corbacho explicó que el siguiente paso ahora es sentarse a negociar después de las fiestas con las organizaciones de autónomos y con los agentes sociales para alcanzar un acuerdo en el próximo trimestre y llevar el anteproyecto de ley al Parlamento antes del verano.
"Si todo esto fuese posible, la ley entraría en vigor en 2010", señaló Corbacho, quien explicó que, en cualquier caso, los autónomos tendrían que esperar al 2011 para cobrar la prestación, ya que tienen que cotizar un mínimo de doce meses para acceder a la misma, tal y como contempla el informe. A pesar de todo, Corbacho aseguró que el calendario "se irá viendo" porque dependerá del grado de consenso que se alcance con los interlocutores sociales. Corbacho resaltó el "magnífico trabajo" llevado a cabo por los expertos al lograr plantear un sistema "contributivo, solidario y sostenible", y se mostró convencido de que la opción dibujada en el informe supondrá "las columnas" de la futura prestación, a pesar de que se incluyan sugerencias y matizaciones en la ronda de consultas.
El sistema de protección que plantea el informe contempla prestaciones por cese total, temporal o definitivo de la actividad, medidas de promoción de la actividad emprendedora y el abono de la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Según la propuesta, los autónomos tendrán derecho a estas prestaciones a partir del segundo mes después del cese de actividad, y la duración de la prestación dependerá de los periodos de cotización. El mínimo contempla un periodo de cotización de entre 12 y 17 meses y una prestación de 2 meses y el máximo, un periodo de cotización de 36 meses o más y seis meses de prestación.
En cuanto a la cuantía del subsidio, el informe pone de manifiesto que se determinará aplicando la base reguladora del 70%, de forma que, sobre la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de 833,40 euros mensuales en 2009, la prestación alcanzaría los 583,38 euros al mes durante todo el periodo de su disfrute. Para financiar el sistema, se usará un régimen similar al de las prestaciones de trabajadores por cuenta ajena, según el ministro, ya que se financiará con cargo a las aportaciones de los autónomos. En concreto, la base de cotización por cese se corresponderá con la base de cotización del RETA elegido, y el tipo de cotización será del 3,15% de la base de cotización. Así, sobre la base mínima de 833,40 euros mensuales, la cotización alcanzaría los 26,25 euros al mes.
Según el informe, las funciones y servicios de la prestación para autónomos serán gestionadas por la entidad gestora o por las mutuas y supervisadas y controladas por la Seguridad Social, aunque Corbacho aseguró que este concepto hay que matizarlo y acordarlo en la ronda de contactos con las organizaciones de autónomos, los agentes sociales y las CC.AA.
COMENTARIO :
Llevaban años intentándolo, y por fin parece que lo han conseguido, los más de 3 millones de trabajadores autónomos que hay en España se podrán beneficiar de algo parecido al paro.
En mi opinión cobrar 200€ al mes, después de llevar una media de 30 años trabajando por tu cuenta y riesgo no es algo por lo que haya que alegrarse tanto; primero porque 6 meses (los máximos que se podrá solicitar esta prestación) pasan muy rápido, y segundo porque la suma de dinero recibida será la correspondiente al 70% de su base de cotización, a cambio de aumentar el importe un 3%.
Aún así, menos es nada, por lo que será bien acogida esta reforma; a pesar de que algunos expertos puedan decir que con esta medida los empresarios autónomos tenderán a arriesgarse más y por tanto será contraproducente para el Gobierno ya que quebrarán mas empresas y habrá que dar más ayudas de las previstas.
Esta visión parece demasiado extremista, ya que los autónomos no se van a arriesgar mucho más que antes por poder cobrar una pensión que no llega a la cuarta parte de la de los trabajadores por cuenta ajena.
Por último añadir que todavía faltan muchas cosas que “pulir” en este proyecto, por ejemplo, que si cuanto más cotizas (y por tanto más pagas) mayor será esa prestación, o en qué circunstancias el autónomo podrá tener derecho, etc.
Nieves Caballo Valverde.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, adelantó hoy que la nueva ley para garantizar la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos podría entrar en vigor en 2010, de forma que el colectivo podría acceder a la prestación en el 2011. En una rueda de prensa tras recibir el informe elaborado por el grupo de expertos creado para este fin, Corbacho explicó que el siguiente paso ahora es sentarse a negociar después de las fiestas con las organizaciones de autónomos y con los agentes sociales para alcanzar un acuerdo en el próximo trimestre y llevar el anteproyecto de ley al Parlamento antes del verano.
"Si todo esto fuese posible, la ley entraría en vigor en 2010", señaló Corbacho, quien explicó que, en cualquier caso, los autónomos tendrían que esperar al 2011 para cobrar la prestación, ya que tienen que cotizar un mínimo de doce meses para acceder a la misma, tal y como contempla el informe. A pesar de todo, Corbacho aseguró que el calendario "se irá viendo" porque dependerá del grado de consenso que se alcance con los interlocutores sociales. Corbacho resaltó el "magnífico trabajo" llevado a cabo por los expertos al lograr plantear un sistema "contributivo, solidario y sostenible", y se mostró convencido de que la opción dibujada en el informe supondrá "las columnas" de la futura prestación, a pesar de que se incluyan sugerencias y matizaciones en la ronda de consultas.
El sistema de protección que plantea el informe contempla prestaciones por cese total, temporal o definitivo de la actividad, medidas de promoción de la actividad emprendedora y el abono de la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Según la propuesta, los autónomos tendrán derecho a estas prestaciones a partir del segundo mes después del cese de actividad, y la duración de la prestación dependerá de los periodos de cotización. El mínimo contempla un periodo de cotización de entre 12 y 17 meses y una prestación de 2 meses y el máximo, un periodo de cotización de 36 meses o más y seis meses de prestación.
En cuanto a la cuantía del subsidio, el informe pone de manifiesto que se determinará aplicando la base reguladora del 70%, de forma que, sobre la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de 833,40 euros mensuales en 2009, la prestación alcanzaría los 583,38 euros al mes durante todo el periodo de su disfrute. Para financiar el sistema, se usará un régimen similar al de las prestaciones de trabajadores por cuenta ajena, según el ministro, ya que se financiará con cargo a las aportaciones de los autónomos. En concreto, la base de cotización por cese se corresponderá con la base de cotización del RETA elegido, y el tipo de cotización será del 3,15% de la base de cotización. Así, sobre la base mínima de 833,40 euros mensuales, la cotización alcanzaría los 26,25 euros al mes.
Según el informe, las funciones y servicios de la prestación para autónomos serán gestionadas por la entidad gestora o por las mutuas y supervisadas y controladas por la Seguridad Social, aunque Corbacho aseguró que este concepto hay que matizarlo y acordarlo en la ronda de contactos con las organizaciones de autónomos, los agentes sociales y las CC.AA.
COMENTARIO :
Llevaban años intentándolo, y por fin parece que lo han conseguido, los más de 3 millones de trabajadores autónomos que hay en España se podrán beneficiar de algo parecido al paro.
En mi opinión cobrar 200€ al mes, después de llevar una media de 30 años trabajando por tu cuenta y riesgo no es algo por lo que haya que alegrarse tanto; primero porque 6 meses (los máximos que se podrá solicitar esta prestación) pasan muy rápido, y segundo porque la suma de dinero recibida será la correspondiente al 70% de su base de cotización, a cambio de aumentar el importe un 3%.
Aún así, menos es nada, por lo que será bien acogida esta reforma; a pesar de que algunos expertos puedan decir que con esta medida los empresarios autónomos tenderán a arriesgarse más y por tanto será contraproducente para el Gobierno ya que quebrarán mas empresas y habrá que dar más ayudas de las previstas.
Esta visión parece demasiado extremista, ya que los autónomos no se van a arriesgar mucho más que antes por poder cobrar una pensión que no llega a la cuarta parte de la de los trabajadores por cuenta ajena.
Por último añadir que todavía faltan muchas cosas que “pulir” en este proyecto, por ejemplo, que si cuanto más cotizas (y por tanto más pagas) mayor será esa prestación, o en qué circunstancias el autónomo podrá tener derecho, etc.
Nieves Caballo Valverde.
LA PRIVATIZACIÓN DEL HOSPITAL PUERTA DE HIERRO EN MADRID LEVANTA MUCHAS CRÍTICAS.
NOTICIA :
El Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda cerró ayer sus puertas tras 44 años de actividad con el traslado de los últimos pacientes del centro a las nuevas instalaciones de Majadahonda.
Según afirmaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad, en las instalaciones de la capital, que tras su cierre se derribarán para crear un centro de media y larga estancia, actualmente quedan alrededor de 80 pacientes que serán trasladados junto al personal sanitario que les atiende al nuevo hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, donde ya funcionan las consultas externas del área de salud.
Uno de ellos, será el profesor Jesús Neira, que se encontraba ingresado en la Unidad de Recuperación del antiguo Hospital Puerta de Hierro desde el pasado 6 de agosto tras sufrir un derrame cerebral a consecuencia de la paliza que recibió a manos de Antonio Puerta, que permanece en prisión preventiva desde el 13 de agosto por un delito de intento de homicidio.
El traslado se produjo en un año en el que sindicatos y grupos parlamentarios de la oposición han criticado la "privatización" de la Sanidad madrileña, ya que los siete nuevos hospitales abiertos a lo largo de 2008 tienen una gestión privada, al igual que la tendrán las instalaciones de Majadahonda.
El nuevo centro da servicio a una población de referencia de unos 550.000 habitantes de 20 municipios del noroeste de la región, y cuenta con 613 camas en habitaciones individuales y exteriores con la intención de crear un ambiente confortable, según señala la Consejería de Sanidad en su página Web.
Por su parte, el antiguo Hospital Universitario Puerta de Hierro se creó en 1964 y desde entonces cumple una triple función: asistencial, docente e investigadora.
El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, afirmó que el centro situado en la calle San Martín de Porres se derruirá cuanto antes, una vez se cierre al público para poder edificar un nuevo hospital de media y larga estancia que albergará una unidad de cuidados paliativos
COMENTARIO :
La privatización de los Hospitales Madrileños no ha gustado ha muchos grupos que no han tardado en levantar la voz contra esto, coincidiendo con la primera reforma de muchas de la nueva sanidad de la capital; el traslado del hospital Puerta de Hierro a Majadahonda.
IU ha denunciado formalmente la privatización de especialidades sanitarias de la Comunidad, argumentando que no se puede dejar la salud de los madrileños en manos de “una empresa”, y así lo ha corroborado su portavoz, Caridad García, acudiendo a la concentración convocada por los trabajadores del CEP de Pontones, a las puertas de éste para denunciar que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está privatizando el centro con “nocturnidad y alevosía”.
Dos meses después de la puesta en funcionamiento del primer hospital privatizado no parece que los madrileños estén demasiado contentos, algunos se han atrevido a calificar las instalaciones y la atención del nuevo Puerta de Hierro como “chapuzas”.
Los médicos del centro coinciden en que el hospital se tendría que a ver puesto en funcionamiento 6 meses más tarde para que todo hubiese funcionado correctamente.
La pregunta es, ¿por qué tanta prisa? Todo para que de lo que más se hable sea de baños sin desagüe inutilizables, fallos informáticos, quirófanos cerrados, falta de médicos sobre todo en Urgencias…
A pesar de todo esto los médicos del centro de momento prefieren intentar mejorar en silencio a hacerlo público y declarar “la guerra” al Consejero de Sanidad, Juan José Güemes, que según ellos sabe lo que está pasando pero lo único que hace es presumir del nuevo (y bonito edificio, para que negarlo).
Aun así si todo fueran fallos de rodaje, al ser un hospital nuevo, sin mucha experiencia, o por falta de médicos (cosa “fácilmente” solucionable) se entendería, pero lo que no se explica es que en un edificio que ha costado 1.200 millones de euros, haya puertas por donde no quepan las camillas, baños que tengan que arreglar los propios médicos, que los pacientes se pierdan en el hospital por la falta de indicaciones… y así un largo etcétera, que esperemos no se repita con los 7 nuevos hospitales privados que se deberían acabar de aquí a 2012 en la Comunidad de Madrid, porque sino mucha gente echará de menos las largas listas de espera que había que hacer en el 2008 para obtener una cita médica en uno de los antiguos hospitales de la Seguridad Social.
Nieves Caballo Valverde
El Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda cerró ayer sus puertas tras 44 años de actividad con el traslado de los últimos pacientes del centro a las nuevas instalaciones de Majadahonda.
Según afirmaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad, en las instalaciones de la capital, que tras su cierre se derribarán para crear un centro de media y larga estancia, actualmente quedan alrededor de 80 pacientes que serán trasladados junto al personal sanitario que les atiende al nuevo hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, donde ya funcionan las consultas externas del área de salud.
Uno de ellos, será el profesor Jesús Neira, que se encontraba ingresado en la Unidad de Recuperación del antiguo Hospital Puerta de Hierro desde el pasado 6 de agosto tras sufrir un derrame cerebral a consecuencia de la paliza que recibió a manos de Antonio Puerta, que permanece en prisión preventiva desde el 13 de agosto por un delito de intento de homicidio.
El traslado se produjo en un año en el que sindicatos y grupos parlamentarios de la oposición han criticado la "privatización" de la Sanidad madrileña, ya que los siete nuevos hospitales abiertos a lo largo de 2008 tienen una gestión privada, al igual que la tendrán las instalaciones de Majadahonda.
El nuevo centro da servicio a una población de referencia de unos 550.000 habitantes de 20 municipios del noroeste de la región, y cuenta con 613 camas en habitaciones individuales y exteriores con la intención de crear un ambiente confortable, según señala la Consejería de Sanidad en su página Web.
Por su parte, el antiguo Hospital Universitario Puerta de Hierro se creó en 1964 y desde entonces cumple una triple función: asistencial, docente e investigadora.
El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, afirmó que el centro situado en la calle San Martín de Porres se derruirá cuanto antes, una vez se cierre al público para poder edificar un nuevo hospital de media y larga estancia que albergará una unidad de cuidados paliativos
COMENTARIO :
La privatización de los Hospitales Madrileños no ha gustado ha muchos grupos que no han tardado en levantar la voz contra esto, coincidiendo con la primera reforma de muchas de la nueva sanidad de la capital; el traslado del hospital Puerta de Hierro a Majadahonda.
IU ha denunciado formalmente la privatización de especialidades sanitarias de la Comunidad, argumentando que no se puede dejar la salud de los madrileños en manos de “una empresa”, y así lo ha corroborado su portavoz, Caridad García, acudiendo a la concentración convocada por los trabajadores del CEP de Pontones, a las puertas de éste para denunciar que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está privatizando el centro con “nocturnidad y alevosía”.
Dos meses después de la puesta en funcionamiento del primer hospital privatizado no parece que los madrileños estén demasiado contentos, algunos se han atrevido a calificar las instalaciones y la atención del nuevo Puerta de Hierro como “chapuzas”.
Los médicos del centro coinciden en que el hospital se tendría que a ver puesto en funcionamiento 6 meses más tarde para que todo hubiese funcionado correctamente.
La pregunta es, ¿por qué tanta prisa? Todo para que de lo que más se hable sea de baños sin desagüe inutilizables, fallos informáticos, quirófanos cerrados, falta de médicos sobre todo en Urgencias…
A pesar de todo esto los médicos del centro de momento prefieren intentar mejorar en silencio a hacerlo público y declarar “la guerra” al Consejero de Sanidad, Juan José Güemes, que según ellos sabe lo que está pasando pero lo único que hace es presumir del nuevo (y bonito edificio, para que negarlo).
Aun así si todo fueran fallos de rodaje, al ser un hospital nuevo, sin mucha experiencia, o por falta de médicos (cosa “fácilmente” solucionable) se entendería, pero lo que no se explica es que en un edificio que ha costado 1.200 millones de euros, haya puertas por donde no quepan las camillas, baños que tengan que arreglar los propios médicos, que los pacientes se pierdan en el hospital por la falta de indicaciones… y así un largo etcétera, que esperemos no se repita con los 7 nuevos hospitales privados que se deberían acabar de aquí a 2012 en la Comunidad de Madrid, porque sino mucha gente echará de menos las largas listas de espera que había que hacer en el 2008 para obtener una cita médica en uno de los antiguos hospitales de la Seguridad Social.
Nieves Caballo Valverde
La crisis en el sector del automóvil no remite.
NOTICIA :
El Ministerio de Industria ampliará los incentivos a la compra de coches nuevos pero no ofrecerá dinero en efectivo a los consumidores. Está dispuesto a considerar la supresión del límite de 20.000 euros en el precio de los vehículos que pueden acogerse al Plan y la reducción de 15 a 10 años de antigüedad.
-Las ayudas directas al achatarramiento de vehículos, la condición que, según el sector, garantizaría el éxito del Plan Vive, no se contempla en la reforma que ultima el Ministerio de Industria para mejorar la eficacia de este incentivo a la renovación del parque.
Con menos de un centenar de operaciones desde su puesta en marcha a finales del pasado mes de julio, el Vive apenas ha servido como acicate para reanimar las ventas de automóviles, que han bajado a ritmos del 40% desde el verano y cerrarán 2008 con una caída del 25%.
El nuevo proyecto, elaborado por el departamento que dirige Miguel Sebastián, seguirá siendo una ayuda a la financiación a la compra de vehículos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero con una mayor simplificación del proceso administrativo y criterios más flexibles. Su presupuesto también permanecerá inalterado: 1.200 millones de euros, de los que 500 corresponden a este año.
La austeridad que impone la crisis y el incentivo que ya de por sí supone la exención de la tasa de matriculación a los coches que emiten menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro (gr. /Km.) juegan en contra de las subvenciones. Pero para agentes del mercado del automóvil como concesionarios y establecimientos financieros de crédito, las ayudas directas son una herramienta comercial que pueden combinar con sus ofertas y son más conocidas por los consumidores. Con esta baza, el Plan Prever que precedió al Vive, registraba hasta cerca de 30.000 operaciones mensuales.
Entre los cambios solicitados por el sector y que el Ministerio de Industria parece dispuesto a considerar está la supresión del límite de 20.000 euros en el precio de los vehículos que pueden acogerse al Plan y la reducción de 15 a 10 años de antigüedad para el vehículo que hay que entregar a cambio del nuevo. Además, el sector ha solicitado que se amplíe la ayuda a tipo de interés cero más allá de los primeros 5.000 euros o que los vehículos comerciales entren en el Plan.
Otras opciones que parecen descartadas son aumentar el nivel de emisiones del vehículo que se adquiera de 120 a 140 o 200 gr. /Km. También parece fuera del proyecto cambiar un coche viejo por otro usado pero más nuevo, seguro y con menores emisiones de CO2.
Aunque la reforma del Vive sea menos radical de lo esperado, los cambios serán bienvenidos. Desde la asociación de importadores Aniacam, su presidente, Germán López Madrid, reconoce que las circunstancias presupuestarias hacen «imposible» dar ayudas directas pero opina que es necesario algún mecanismo para renovar el parque.
La mayor urgencia es en cualquier caso de los concesionarios, cuya patronal, Faconauto, asegura que más de la mitad de las redes de las mayores marcas están en pérdidas. Este sector ya ha eliminado más de 10.000 empleos en 2008.
COMENTARIO :
Un sector olvidado, como es el del automóvil, ha tenido que entrar en crisis para que nos demos cuenta, de que es junto con la construcción y el turismo, el pilar de nuestra economía, y lo que es lo mismo, supone un 6% del total del PIB anual.
Las ventas de los en Europa caen un 14% cada mes, y en España llega casi al 40% la bajada de matriculaciones mensuales, esto ya ha tenido sus consecuencias, como por ejemplo que de los 72.000 empleados en cadenas de montaje, 16.000 ya están afectados por ERE (expedientes de regulación de empleo) temporales, aunque si las ventas siguen bajando, se podrían convertir en definitivos; como ha sucedido en el caso de Nissan en el que 1.680 fueron despedidos, aunque más tarde la empresa llegó a un acuerdo con el comité de empresas, para paralizar estos despidos y convertirlos de momento en temporales, aunque insiste en que tienen un excedente de oferta y que tienen que reducir la producción y por tanto reducir su personal activo, para poder hacer frente a las deudas financieras.
Además las previsiones no son nada optimistas y apuntan a una caída de las ventas del 25% a lo largo del 2009, lo que supone dejar de fabricar 300.000 unidades y seguramente mas ERE en el mejor de los casos.
Para abordar esta crisis como nos dice la noticia el Gobierno ha aprobado recientemente resucitar el Plan Vive (Vehículo innovador – Vehículo Ecológico) ya que a los 100 días de estar en funcionamiento sólo se habían apuntado 52 personas, por tanto el Gobierno le ha inyectado 1.200 millones de euros a través del ICO, aunque seguirán sin incluirse las “ayudas directas” que son las que mejor entienden y más rápido llegan al consumidor; a pesar de ello el nuevo plan incluye que se hará una rebaja media por comprar un automóvil nuevo de 1.800 euros, y se reduce la edad de 15 a 10 años de los coches para achatarrar entre otras medidas.
Aún así los líderes del sector dudan de la eficacia de estas medidas, ya que recuerdan que en España más del 80% de los turismos se comprar a crédito con lo que volveríamos al problema de financiación y de los préstamos bancarios, es decir estamos de lleno metidos otra vez en la crisis económica que nos invade.
Nieves Caballo Valverde
El Ministerio de Industria ampliará los incentivos a la compra de coches nuevos pero no ofrecerá dinero en efectivo a los consumidores. Está dispuesto a considerar la supresión del límite de 20.000 euros en el precio de los vehículos que pueden acogerse al Plan y la reducción de 15 a 10 años de antigüedad.
-Las ayudas directas al achatarramiento de vehículos, la condición que, según el sector, garantizaría el éxito del Plan Vive, no se contempla en la reforma que ultima el Ministerio de Industria para mejorar la eficacia de este incentivo a la renovación del parque.
Con menos de un centenar de operaciones desde su puesta en marcha a finales del pasado mes de julio, el Vive apenas ha servido como acicate para reanimar las ventas de automóviles, que han bajado a ritmos del 40% desde el verano y cerrarán 2008 con una caída del 25%.
El nuevo proyecto, elaborado por el departamento que dirige Miguel Sebastián, seguirá siendo una ayuda a la financiación a la compra de vehículos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero con una mayor simplificación del proceso administrativo y criterios más flexibles. Su presupuesto también permanecerá inalterado: 1.200 millones de euros, de los que 500 corresponden a este año.
La austeridad que impone la crisis y el incentivo que ya de por sí supone la exención de la tasa de matriculación a los coches que emiten menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro (gr. /Km.) juegan en contra de las subvenciones. Pero para agentes del mercado del automóvil como concesionarios y establecimientos financieros de crédito, las ayudas directas son una herramienta comercial que pueden combinar con sus ofertas y son más conocidas por los consumidores. Con esta baza, el Plan Prever que precedió al Vive, registraba hasta cerca de 30.000 operaciones mensuales.
Entre los cambios solicitados por el sector y que el Ministerio de Industria parece dispuesto a considerar está la supresión del límite de 20.000 euros en el precio de los vehículos que pueden acogerse al Plan y la reducción de 15 a 10 años de antigüedad para el vehículo que hay que entregar a cambio del nuevo. Además, el sector ha solicitado que se amplíe la ayuda a tipo de interés cero más allá de los primeros 5.000 euros o que los vehículos comerciales entren en el Plan.
Otras opciones que parecen descartadas son aumentar el nivel de emisiones del vehículo que se adquiera de 120 a 140 o 200 gr. /Km. También parece fuera del proyecto cambiar un coche viejo por otro usado pero más nuevo, seguro y con menores emisiones de CO2.
Aunque la reforma del Vive sea menos radical de lo esperado, los cambios serán bienvenidos. Desde la asociación de importadores Aniacam, su presidente, Germán López Madrid, reconoce que las circunstancias presupuestarias hacen «imposible» dar ayudas directas pero opina que es necesario algún mecanismo para renovar el parque.
La mayor urgencia es en cualquier caso de los concesionarios, cuya patronal, Faconauto, asegura que más de la mitad de las redes de las mayores marcas están en pérdidas. Este sector ya ha eliminado más de 10.000 empleos en 2008.
COMENTARIO :
Un sector olvidado, como es el del automóvil, ha tenido que entrar en crisis para que nos demos cuenta, de que es junto con la construcción y el turismo, el pilar de nuestra economía, y lo que es lo mismo, supone un 6% del total del PIB anual.
Las ventas de los en Europa caen un 14% cada mes, y en España llega casi al 40% la bajada de matriculaciones mensuales, esto ya ha tenido sus consecuencias, como por ejemplo que de los 72.000 empleados en cadenas de montaje, 16.000 ya están afectados por ERE (expedientes de regulación de empleo) temporales, aunque si las ventas siguen bajando, se podrían convertir en definitivos; como ha sucedido en el caso de Nissan en el que 1.680 fueron despedidos, aunque más tarde la empresa llegó a un acuerdo con el comité de empresas, para paralizar estos despidos y convertirlos de momento en temporales, aunque insiste en que tienen un excedente de oferta y que tienen que reducir la producción y por tanto reducir su personal activo, para poder hacer frente a las deudas financieras.
Además las previsiones no son nada optimistas y apuntan a una caída de las ventas del 25% a lo largo del 2009, lo que supone dejar de fabricar 300.000 unidades y seguramente mas ERE en el mejor de los casos.
Para abordar esta crisis como nos dice la noticia el Gobierno ha aprobado recientemente resucitar el Plan Vive (Vehículo innovador – Vehículo Ecológico) ya que a los 100 días de estar en funcionamiento sólo se habían apuntado 52 personas, por tanto el Gobierno le ha inyectado 1.200 millones de euros a través del ICO, aunque seguirán sin incluirse las “ayudas directas” que son las que mejor entienden y más rápido llegan al consumidor; a pesar de ello el nuevo plan incluye que se hará una rebaja media por comprar un automóvil nuevo de 1.800 euros, y se reduce la edad de 15 a 10 años de los coches para achatarrar entre otras medidas.
Aún así los líderes del sector dudan de la eficacia de estas medidas, ya que recuerdan que en España más del 80% de los turismos se comprar a crédito con lo que volveríamos al problema de financiación y de los préstamos bancarios, es decir estamos de lleno metidos otra vez en la crisis económica que nos invade.
Nieves Caballo Valverde
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